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La sociedad actual

Casos como Flick, Sellberg, Tragaperras, Caja de Ronda, Ferraz, Filesa, Naseiro, Cuiña, Casinos, Pallerols, La Caixa, Matas, Bárcenas, Eres de Andalucía… involucran a las más variadas formaciones políticas, así como a gobiernos nacionales y autonómicos de toda laya.Estos casos no nos dicen sino la verdad de nuestra historia “democrática”. Muchos de ellos revelan que la financiación ilegal de los partidos no constituye una excepción, sino la regla. Se trata de una corrupción estructural y no anecdótica, consistente en la oscura colaboración de poder político y económico, por la que no se gobierna en favor del interés general, sino en función del personal enriquecimiento, y cuyos nombres ominosos inundan hoy por hoy la vida pública: cohecho, receptación, malversación, delitos contra la hacienda pública…

El caso Bárcenas es paradigmático de esa corrupción propia del sistema de partidos, al cual llaman democracia y que –sabemos— no lo es. De entre los donantes que figuran en la contabilidad B de Bárcenas están cuatro constructoras: Sacyr, OHL, Ploder y FCC. Éstas gestionan a su vez hospitales públicos de la Comunidad de Madrid: Infanta Cristina de Parla (Sacyr), el Hospital del Sureste en Arganda del Rey (OHL), de Vallecas (Ploder) y hospitales de Torrejón y Sureste (FCC). El partido que otorgó estas concesiones a las constructoras fue, cómo no, el beneficiario de sus liberales donaciones. Y es así mismo el que, en Madrid, reduce a cenizas progresivamente nuestro derecho a la sanidad, transformándolo en un negocio tenebroso, donde poco importa cobrarse vidas. En este tipo de corrupción estructural, el cohecho (delito por el que un responsable público recibe beneficios a cambio de una acción u omisión en el desempeño de su cargo, y que suele adoptar la forma de contratación irregular) conforma su sentido más profundo. “No será probado que no son inocentes”, decía nuestro preclaro presidente en relación a la trama Gürtel, y que no habría estado tan desorientado si se hubiese referido a sí mismo y a la cúpula de su partido. ¿Pues no son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario? ¿Quién puede decir que se dona algo a cambio de qué? ¿Acaso se juzgan conciencias? ¿Y quién será su testigo? Y aunque asistimos a un régimen de expolio sistemático de todo lo que es común (desde la sanidad a la educación pasando por el agua), de todo lo que posibilita nuestra vida, este régimen, con su poder judicial en parte honrado, no encerrará a los culpables, a los máximos culpables.

Así es como entidades bancarias, constructoras, grandes grupos empresariales… adalides todos de la economía especulativa, hallan –y de no evitarse seguirán hallando– por los mismos caminos su nicho de negocio: a la sombra de una partitocracia incontrolada, cuya conciencia se escapa, cuyos testigos faltan, a la que compran financiando complacientemente sus fantasías de poder, sus campañas electorales, sus caprichos de bodorrio y cumpleaños, y perdonando las deudas que a ninguna persona de a pié perdonan. Y lo peor, lo más radicalmente corrupto, es que esta complicidad estructural de política y finanzas no devora únicamente dinero –algunos fondos públicos para meramente hacer cash–, sino algo mucho más esencial, lo más esencial en una democracia, devora derechos… Es un sistema irreformable, que sólo cabe abandonar.

Por mucho que los poderes establecidos, frente a los escándalos de corrupción y ante el descontento de la ciudadanía, prometan reformas, ¿quién puede ya creerles? Responsables de la crisis que promovieron, de la que se beneficiaron, y contra la cual no regularon, se hacen valer como la solución, idean regeneraciones y leyes de transparencia, a pesar de que no puedan soportar la mirada pública ni dos escasos minutos. Y por eso caerán.Echarles es fácil. Pero no se debe hacer de cualquier manera, sino de forma que no vuelvan: con una alternativa, con un acto soberano de la gente de la calle, que reorganice las instituciones, las relaciones de poder y la distribución de la riqueza: proceso constituyente es su nombre clásico. Y es que podemos y debemos derrocarles. Destituirles es el principio de algo nuevo. Y es nuestro derecho; es por nuestros derechos.

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